La clase política colombiana ha suscrito el acta de defunción para los derechos colectivos, lo que había constituido una conquista invaluable de la constituyen del 91.
Fruto del lobby de los gobernantes, los mismos que por omisión o acción son por regla general los responsables del triunfo de las acciones populares, el 29 de diciembre de 2010 se sancionó la Ley 1425 por la cual se eliminó el incentivo a los ciudadanos que recurren a las acciones populares, con lo cual se hiere de muerte la institucionalidad democrática.
Luego de que la Constituyen del 91 reivindicara el valor de los derechos colectivos y del medio ambiente, elevándolos a la categoría de derechos humanos y concediendo para ellos las acciones populares y de grupo, es decir, estableciendo un mecanismo judicial más efectivo que los normales, el legislador mediante la Ley 472 de 1998, siguiendo la vocación del derecho civil que data desde el año 1873, dio continuidad al reconocimiento de un incentivo económico a favor de la persona que preocupada por los interés colectivos o del medio ambiente, presentara la acción judicial tendiente al restablecimiento del derecho o la evitación de la vulneración, con el reconocimiento de una suma equivalente entre 10 y 150 salarios mínimos legales mensuales. Tradición milenaria que nuestro Congreso y Poder Presidencial acaban de derogar.
El incentivo y especialmente el nacimiento de una conciencia colectiva, permitieron que en los últimos diez años de manera exponencial se incrementaran las acciones populares y en un menor grado las acciones de grupo; fenómeno injustamente criticado precisamente por los principales destinatarios de las demandas populares, los administradores públicos, según ellos por existir en los actores populares un interés exclusivamente económico centrado en el reconocimiento del incentivo.
Si bien es cierto, algunas personas, se empezaron a reconocer como reiterados demandantes o actores populares; también lo es que ese era precisamente el objetivo del incentivo, promover el interés particular pos los problemas comunes y a fe que lo logró; lo que finalmente demuestra que la institución tenía eficacia socio – jurídica; lo que en lógica permite afirmar que su existencia debía solidificarse y extenderse a otras ramas del derecho; pero no, todo lo contrario, como era efectiva optaron por reducirla con falsos argumentos.
Quién dijo que era ilícito recibir el inventivo si la acción prosperaba, a caso quien trabaja no tiene derecho a una remuneración? Qué el reconocimiento del incentivo se volvió negocio para unos cuantos, es cierto, pero eso no es ilícito. Cuantos hacen negocio resolviendo las necesidades ajenas: los cirujanos plásticos, los veterinarios, los ingenieros e incluso los políticos.
Es cierto que en algunos casos se presentaron abusos, pero ello no justifica su eliminación como lo pretenden sus detractores, sino su reglamentación para remediar los que resulten francos abusos del derecho.
La verdadera razón de la crítica, consiste en que los actores populares están poniendo contra las cuerdas a la generalidad de los administradores públicos negligentes, omisivos o corruptos.
La eliminación del incentivo significa ni más ni menos que la derogatoria real de los derechos colectivos y del medio ambiente, pues la existencia de mecanismos judiciales efectivos para la protección del derecho es connatural a su reconocimiento mismo.
Los actores populares, no pocas veces suplieron a los funcionarios públicos y a los entres de control, siendo mucho más barato pagar el incentivo que lo que nos cuesta el funcionamiento de las personerías, las procuradurías, las contralorías y algunas veces la Fiscalía. Por cuenta de ellos se anularon contratos que regalaban a los particulares empresas o acciones públicas, se retiraron vallas contaminantes, se adecuaron las edificaciones a favor de los discapacitados, incluso en nuestra ciudad, gracias a ellos se han empezado a instalar ascensores para discapacitados, se eliminaron contaminaciones y similares.
